El presidente Gustavo Petro abrió un nuevo capítulo en la controversia que rodea los archivos incautados a alias Calarcá, miembro de las disidencias de las Farc, al cuestionar la ausencia de alertas tempranas por parte de las autoridades encargadas del caso. El mandatario afirmó que desconocía por completo la existencia de los documentos hasta que fueron divulgados recientemente por Noticias Caracol, pese a que estos estaban en poder de la Fiscalía desde 2023.
La discusión se avivó después de que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, explicara públicamente que la dirección nacional de la entidad no había recibido informe alguno sobre el contenido de los dispositivos electrónicos decomisados en un retén de la Policía en Anorí (Antioquia). Dicho material —computadores, celulares y memorias USB— quedó bajo custodia de la Fiscalía con fines de análisis forense, pero no fue remitido a las unidades especializadas en crimen organizado.
Según Camargo, los reportes de extracción quedaron en manos de una fiscal de Medellín que llevaba el caso. “Ni la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado ni ninguna otra dependencia tenían conocimiento del contenido. Si hubiésemos sido alertados oportunamente, la institución habría podido actuar antes de que la información saliera a la luz por vía de una filtración”, señaló.
La fiscal general también expresó sorpresa ante el silencio de la Dijín, que según ella tampoco elevó advertencias pese a participar en la incautación. Esta falta de comunicación, sostuvo, impidió que se tomaran medidas inmediatas frente a posibles riesgos institucionales que podían desprenderse del material.
Ante estas revelaciones, el presidente Petro se alineó con la versión de Camargo y manifestó inconformidad por la manera en que se manejó la información. “Nunca fui informado por la Dijín ni por la Fiscalía en Antioquia. Los documentos estuvieron archivados 16 meses antes de ser entregados, no al Gobierno, sino a la prensa. Si su contenido fuese cierto, hubiera sido indispensable reaccionar de forma inmediata”, escribió el jefe de Estado en sus redes sociales.
El mandatario añadió que, dado el alcance de las denuncias, no tomará decisiones hasta que se compruebe la autenticidad de los archivos. Durante su más reciente consejo de ministros, emitido en transmisión pública, Petro ordenó adelantar peritajes forenses sobre los mensajes que supuestamente comprometerían al general del Ejército Juan Miguel Huertas y a Wílmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). “Esperamos validar científicamente lo divulgado para saber si corresponde o no a hechos reales”, puntualizó.
Los documentos atribuidos a Calarcá mencionan también una presunta intermediación de la vicepresidenta Francia Márquez durante la campaña presidencial de 2022, versión que desató un fuerte rechazo por parte de la funcionaria. Márquez aseguró que se trata de un señalamiento sin fundamento y criticó que se intente vincular su nombre con estructuras armadas ilegales.
“Rechazo estas versiones malintencionadas. No existe una sola prueba que demuestre algún vínculo mío con grupos criminales. Lo que se muestra es únicamente un mensaje de WhatsApp en el que un delincuente utiliza mi nombre para darse importancia”, afirmó por medio de un comunicado oficial.
La controversia continúa escalando mientras se adelantan las verificaciones técnicas ordenadas por el Ejecutivo. Tanto el Gobierno como la Fiscalía coinciden en que la prioridad ahora es determinar si los archivos corresponden a información real o si fueron adulterados, manipulados o interpretados de forma errónea. El caso deja al descubierto, además, serias preocupaciones sobre los flujos internos de información entre las instituciones encargadas de la seguridad y la judicialización de grupos armados.
La opinión pública permanece atenta a los resultados de los análisis forenses y a los eventuales ajustes o decisiones administrativas que podrían derivarse si se confirma la autenticidad de los archivos o, por el contrario, se comprueba que el material fue manipulado. Por ahora, el Gobierno insiste en que solo actuará con base en evidencia verificable.
