En el sur del país, donde históricamente la violencia ha intentado silenciar la democracia, hoy nuevamente enfrentamos una noticia dolorosa que enluta a Colombia. Tres soldados de nuestra Fuerza Pública fueron asesinados y uno más resultó herido mientras cumplían una misión constitucional: garantizar que los ciudadanos pudieran ejercer su derecho al voto con libertad y seguridad en zona rural de San Vicente del Caguán, Caquetá.
De acuerdo con los reportes oficiales, los uniformados, adscritos a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega del Ejército Nacional de Colombia, se encontraban instalando y verificando los puestos de votación en la vereda Nápoles cuando fueron atacados de manera cobarde por integrantes de la estructura armada conocida como “Carolina Ramírez”, facción de las disidencias de las antiguas FARC que delinque bajo el mando de alias Iván Mordisco. Este grupo ilegal mantiene presencia criminal en distintas zonas del sur del país, afectando de manera directa a comunidades campesinas que lo único que reclaman es vivir en paz.
No se trató de un enfrentamiento fortuito. Fue una emboscada contra hombres que estaban protegiendo un proceso electoral, es decir, contra la democracia misma. Atacar a quienes garantizan las elecciones es intentar sembrar miedo en la ciudadanía y socavar las instituciones. Y frente a eso debemos ser absolutamente claros: el Estado no puede titubear cuando se agrede su legitimidad y su autoridad.
Las operaciones militares continúan en la zona con el objetivo de ubicar y neutralizar a los responsables, al tiempo que se refuerza el dispositivo de seguridad para asegurar que la jornada electoral se desarrolle con plenas garantías. El país espera resultados concretos, porque la impunidad solo fortalece a los violentos.
Hoy acompañamos con respeto y solidaridad a las familias de los soldados asesinados. Ellos no murieron en combate convencional; cayeron cumpliendo la tarea de proteger el derecho de todos los colombianos a elegir y ser elegidos. Su sacrificio no puede ser en vano.
Colombia necesita determinación institucional, inteligencia estratégica y una política de seguridad coherente que recupere el control territorial donde grupos armados ilegales siguen imponiendo su ley por la fuerza. No podemos normalizar que estructuras criminales condicionen procesos democráticos ni que amenacen a comunidades enteras.
La democracia no se negocia con quienes la atacan. Se defiende con firmeza, con presencia del Estado y con respaldo decidido a nuestra Fuerza Pública. La seguridad no es un discurso: es una obligación constitucional.
Hoy más que nunca debemos enviar un mensaje claro a los violentos: Colombia no se arrodilla ante el terrorismo, y la voluntad de un pueblo libre es más fuerte que cualquier fusil. 💪🇨🇴
