El Gobierno del presidente Gustavo Petro confirmó un incremento del 7% en el salario de los integrantes de las Fuerzas Militares para 2026, una medida que impactará a oficiales y suboficiales en todo el país y que se enmarca dentro de la política de ajuste anual para los servidores públicos.
El aumento, que aplica sobre la asignación básica mensual, también incide en el ingreso total de los uniformados, teniendo en cuenta que su remuneración está compuesta por múltiples factores adicionales como primas, bonificaciones y subsidios. En ese sentido, el ajuste no solo representa un incremento directo en el salario, sino una mejora general en la estructura de ingresos del personal militar.
La medida tiene sustento en el Decreto 0615 de 2025 y forma parte de una política que busca actualizar las condiciones económicas de quienes integran la Fuerza Pública, en un contexto marcado por desafíos de seguridad y exigencias operativas en distintas regiones del país.
Un sistema salarial más allá del sueldo básico
A diferencia de otros sectores, el salario de los militares en Colombia no se limita a una cifra fija. La estructura de ingresos incluye componentes variables que responden a las condiciones del servicio.
Entre ellos se destacan primas por orden público —especialmente en zonas de alto riesgo—, bonificaciones por antigüedad, incentivos por formación y compensaciones asociadas a cargos de mando. A esto se suman subsidios para vivienda, alimentación y salud, que buscan complementar las condiciones del personal en servicio activo.
Este esquema refleja la complejidad del rol que desempeñan los militares, cuyas funciones están asociadas a riesgos permanentes y a una alta movilidad geográfica.
Así quedarían los salarios en 2026
Con el ajuste del 7%, las proyecciones salariales para 2026 muestran incrementos en todos los rangos. Un subteniente pasaría a devengar entre 3,2 y 3,8 millones de pesos mensuales, mientras que un teniente se ubicaría entre 3,8 y 4,5 millones.
En el caso de un capitán, los ingresos oscilarían entre 4,5 y 5,5 millones de pesos. Para grados superiores, como mayor y teniente coronel, las cifras se proyectan entre 5,5 y 6,5 millones, y entre 6,5 y 8 millones, respectivamente.
Un coronel podría recibir entre 8 y 10 millones de pesos, mientras que en los niveles más altos de la jerarquía, como el de general, los ingresos superarían los 12 millones mensuales. Estas cifras, sin embargo, pueden variar dependiendo de factores como la ubicación, el tipo de misión y los beneficios adicionales asignados.
Reconocimiento y discusión pendiente
El incremento ha sido interpretado por algunos sectores como un reconocimiento a la labor de las Fuerzas Militares en un contexto de alta complejidad en materia de seguridad. Sin embargo, también reabre discusiones sobre la suficiencia de estos ajustes frente a las condiciones reales del servicio.
Para varios analistas, el debate no debe centrarse únicamente en el porcentaje de aumento, sino en la necesidad de revisar de manera integral las condiciones laborales, el bienestar del personal y las garantías a largo plazo, incluyendo el régimen pensional y el acompañamiento a las familias.
En un país donde la Fuerza Pública sigue siendo un actor clave en la estabilidad territorial, las decisiones sobre su remuneración tienen un impacto que va más allá de lo económico. También envían señales sobre la prioridad que el Estado otorga a quienes cumplen funciones estratégicas.
Entre el ajuste fiscal y la realidad del terreno
El anuncio se da en un contexto fiscal exigente, en el que el Gobierno debe equilibrar el gasto público con las necesidades de distintos sectores. En ese escenario, el aumento del 7% busca mantener el poder adquisitivo de los militares sin generar presiones adicionales sobre las finanzas públicas.
No obstante, el desafío sigue siendo estructural: garantizar que las condiciones de quienes integran las Fuerzas Militares estén alineadas con las exigencias del servicio. Esto incluye no solo la remuneración, sino también aspectos como la calidad de vida, la seguridad en el ejercicio de sus funciones y el reconocimiento institucional.
El ajuste para 2026 marca un nuevo capítulo en esa discusión. Uno que, como en otros sectores, no se agota en las cifras, sino que invita a revisar el papel del Estado frente a quienes están en la primera línea de la seguridad del país.
