Ante el avance de grupos criminales en distintas regiones del país, una nueva propuesta de política de seguridad plantea una ofensiva frontal contra estas estructuras, con medidas contundentes como cárceles de alta seguridad y fortalecimiento de la Fuerza Pública.
El plan, propuesto por el precandidato Pipe Córdoba, descarta cualquier tipo de negociación con bandas ilegales. En cambio, propone que quienes se desmovilicen sean judicializados y enviados a prisiones de régimen estricto, al estilo del modelo salvadoreño.
La iniciativa busca restaurar el control del Estado en zonas críticas y enviar un mensaje de autoridad clara frente al crimen organizado.
