Las recientes denuncias sobre una posible infiltración ilegal en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y en unidades del Ejército reavivaron las alarmas sobre el funcionamiento del aparato de inteligencia en Colombia. El episodio volvió a poner sobre la mesa problemas acumulados: disminución de recursos, salidas masivas de personal experto, choques con aliados internacionales y una creciente politización interna. Todo ello ha debilitado un sistema que ya mostraba señales de deterioro y que hoy opera con menor coordinación.
Este desgaste ocurre mientras el país enfrenta un panorama de seguridad particularmente complejo. En distintas zonas del territorio, grupos armados ilegales ejercen control territorial y manejan economías ilícitas. Desde estructuras posparamilitares, como el Clan del Golfo, hasta disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disputas entre estas organizaciones siguen generando tensiones regionales. En ese contexto, la inteligencia es esencial para anticipar alianzas, movimientos y riesgos. Cuando falla, también se afecta la capacidad del Estado para comprender el verdadero alcance del poder criminal en las regiones.
Uno de los puntos más críticos ha sido el recorte presupuestal que golpeó al sector defensa. Según datos del Ministerio de Defensa, este año la Dijín —clave en la investigación criminal y el trabajo con organismos como Interpol— sufrió una reducción del 27 % en su presupuesto frente a 2024. La Dirección de Inteligencia Policial reportó un ajuste aún más drástico: una caída del 70 % en los recursos destinados al pago de recompensas por información estratégica, una herramienta fundamental para sus labores. Al consolidar las cifras de toda la inteligencia militar, el recorte global alcanza el 32 %, lo que ha limitado la actualización de equipos y plataformas tecnológicas.
A esto se suma la desaparición de 15 cargos en misiones secretas en el exterior, donde agentes colombianos operaban para monitorear redes del crimen organizado. “Varias operaciones fueron desmontadas y perdimos un flujo clave de información”, afirma un oficial de la Armada vinculado a tareas de inteligencia. En paralelo, y por decisión del Ministerio de Defensa, al menos 34 integrantes de inteligencia —entre oficiales, suboficiales y agentes— han salido de la Fuerza Pública en 2025. Aunque las razones no se han hecho públicas, dentro de las instituciones circulan dos versiones: el Gobierno sostiene que se trata de casos sensibles; en rangos militares medios y altos, en cambio, se cree que hubo motivaciones políticas.
La polémica también salpica a Wilmar Mejía, director de Operaciones de la DNI, y al general Juan Miguel Huertas, comandante de Personal de las Fuerzas Militares, ambos señalados en revelaciones periodísticas sobre un posible intento de penetración de las disidencias de las FARC en organismos de inteligencia. Sus nombres surgieron, además, en discusiones internas sobre relevos de personal. Según fuentes de la Armada, parte de la fractura actual proviene de cambios en la manera como la DNI interactúa con los mandos militares. En administraciones anteriores, la información más sensible pasaba por una doble verificación en la DNI antes de llegar al presidente. Hoy ese proceso se ha debilitado, afectando la coordinación.
Esa verificación es clave debido a la estructura descentralizada de la inteligencia militar: 18 de las 27 brigadas del Ejército cuentan con sus propios equipos para vigilancia, infiltración y obtención de información. Aunque existe un centro nacional para coordinar datos estratégicos, solo interviene en operaciones de alto nivel. Cada fuerza —Armada, Ejército y Fuerza Aeroespacial— mantiene sus propias instancias de análisis.
Para la Fundación Ideas para la Paz, este escenario evidencia un deterioro profundo en la arquitectura de inteligencia. Gerson Arias, investigador de la entidad, señala que la intromisión de la DNI en asuntos castrenses, la falta de prioridades claras y la desconfianza entre instituciones han generado un ambiente de incertidumbre. Sus advertencias recuerdan los episodios del antiguo DAS, desmantelado hace más de una década tras escándalos de interceptaciones ilegales. “Cuando la inteligencia se politiza, deja de producir información rigurosa y empieza a generar datos que sirven a intereses coyunturales”, afirma.
La cooperación internacional también enfrenta turbulencias. Las tensiones con Estados Unidos han afectado el intercambio de información, especialmente después del mensaje publicado por el presidente el 12 de noviembre, donde anunció la suspensión de esos mecanismos mientras persistieran ataques a embarcaciones en el Caribe. Aunque el Gobierno corrigió luego la declaración, calificándola como un malentendido, el episodio dejó en evidencia la fragilidad de las relaciones. Para Arias, “Colombia no puede permitirse debilitar alianzas estratégicas que son vitales para su seguridad”.
