Una nueva controversia sacude a las Fuerzas Militares y reabre el debate sobre el control de los recursos públicos destinados a la seguridad nacional. Audios en poder de la revista SEMANA revelarían conversaciones entre integrantes de inteligencia militar en las que se habla, de manera explícita, sobre un presunto manejo irregular de los dineros de gastos reservados, recursos que tienen como fin exclusivo prevenir acciones terroristas y proteger a la población civil.
En una de las grabaciones, que habría sido registrada en Arauca, se escucha a uniformados insistir en la necesidad de actuar de manera coordinada para evitar que las irregularidades salgan a la luz. “Es mejor hablar esto antes (…) porque nos hundimos todos”, se oye decir a uno de los interlocutores, en una frase que hoy se convierte en símbolo de la gravedad de las denuncias. El mensaje es claro: cualquier desacuerdo interno podría poner al descubierto un esquema que, de confirmarse, comprometería seriamente a varios miembros de la institución.
Las conversaciones sugieren que los recursos reservados, destinados a labores de inteligencia contra el ELN y las disidencias de las Farc, habrían sido tratados como una suerte de “caja menor”, desviándose de su propósito legal. En los audios se menciona que, si no existe unanimidad entre los involucrados, es preferible no ejecutar el plan, lo que refuerza la hipótesis de una actuación deliberada y consciente del riesgo penal y disciplinario.
Estas revelaciones hacen parte de la investigación periodística titulada “Olla podrida en el Ejército”, publicada recientemente por SEMANA, en la que se documentan varios casos de presunta corrupción relacionados con el uso de gastos reservados por parte de oficiales, suboficiales y, según el medio, incluso un general en servicio activo.
Uno de los episodios más delicados tiene que ver con una recompensa superior a los 500 millones de pesos que, presuntamente, agentes de inteligencia habrían intentado cobrar tras la muerte de alias Paisa Duber, un objetivo de alto valor abatido en abril de 2025 y señalado como hombre de confianza de alias Iván Mordisco. Aunque el operativo fue una acción militar legítima, la fuente que habría suministrado la información clave ya había sido asesinada, por lo que los uniformados habrían presentado una fuente falsa con el fin de reclamar el dinero.
Un segundo caso se sitúa nuevamente en Arauca, donde oficiales y suboficiales de inteligencia habrían construido misiones ficticias, sustentadas en información falsa, para apropiarse de recursos destinados a la prevención de ataques terroristas. Este hecho adquiere especial gravedad si se tiene en cuenta que, en el mismo periodo, el ELN atacó la base militar de Puerto Jordán, dejando tres soldados muertos y más de veinte heridos, lo que plantea serios interrogantes sobre el uso real de los fondos y su impacto en la seguridad de las tropas.
El tercer episodio señalado involucra al general Federico Mejía, quien cuando se desempeñaba como comandante del Comando Específico del Cauca habría autorizado pagos de gastos reservados para actividades que no correspondían a los fines establecidos por la ley. Aunque se trata de señalamientos que aún están en etapa de investigación, su sola mención eleva el alcance político del escándalo y compromete los niveles más altos de la cadena de mando.
Tras la publicación de las denuncias, el Ejército Nacional emitió un pronunciamiento oficial en el que aseguró que los hechos ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y de los organismos de control competentes. La institución afirmó que ha brindado acceso a la información requerida, en el marco de los protocolos legales y de seguridad, y que se han abierto investigaciones administrativas y disciplinarias internas en las unidades comprometidas.
Más allá del curso judicial que sigan estos casos, el escándalo plantea un desafío profundo para el Estado. En un momento en el que el país enfrenta amenazas persistentes de grupos armados ilegales y adelanta debates sensibles sobre seguridad y paz, las denuncias de corrupción dentro de la inteligencia militar golpean la confianza ciudadana y ponen en entredicho el manejo de recursos estratégicos.
El contenido de los audios, de comprobarse su autenticidad, no solo revelaría prácticas irregulares, sino una cultura de silencio y complicidad que contradice los principios de honor, legalidad y servicio que deben regir a las Fuerzas Militares. El país, ahora, espera que las investigaciones avancen con celeridad y transparencia, y que las responsabilidades individuales sean establecidas sin contemplaciones, en defensa de la institucionalidad y de la seguridad nacional.
