El conflicto armado volvió a sentirse con fuerza en el departamento del Caquetá tras intensos enfrentamientos entre unidades del Ejército Nacional y estructuras disidentes de las Farc bajo el mando de alias Calarcá. Las operaciones, lideradas por el Gaula Militar, dejaron como resultado la muerte de varios integrantes de este grupo armado ilegal, según confirmaron fuentes oficiales.
Los combates se desarrollaron durante la jornada del lunes 2 de febrero, en zonas donde esta disidencia mantiene una fuerte presencia y desde donde ha venido adelantando acciones de control territorial, extorsión y amenazas contra la población civil. De acuerdo con información preliminar, las tropas continúan desplegadas en el área, lo que ha limitado la entrega de detalles adicionales sobre el balance final de la operación.
Desde el Comando General de las Fuerzas Militares se indicó que esta ofensiva hace parte de una estrategia para debilitar las estructuras ilegales que operan en el sur del país y contener su expansión, especialmente en corredores estratégicos utilizados para economías ilícitas.
La situación genera especial preocupación debido a que el grupo encabezado por alias Calarcá mantiene acercamientos con el Gobierno nacional en el marco de la política de “paz total”. No obstante, las autoridades han reiterado que estas conversaciones no han significado el cese de actividades criminales por parte de la disidencia, que continúa siendo señalada por homicidios, extorsiones, reclutamiento forzado de menores y ataques contra la Fuerza Pública.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, advirtió que el comportamiento de este grupo podría llevar a decisiones más drásticas por parte del Estado, incluida la reactivación de órdenes de captura contra sus cabecillas. En declaraciones a Caracol Radio, el funcionario aseguró que los hechos recientes serán evaluados en las mesas de seguridad y paz, donde se analizará el impacto real de las acciones armadas sobre la población civil.
“El reclutamiento forzado de menores y los ataques a las comunidades no son negociables. La semana pasada se adelantaron operaciones en Vista Hermosa para capturar a criminales que tenían sometidos a los habitantes mediante extorsiones”, afirmó el ministro, al tiempo que subrayó que la Fuerza Pública mantendrá su presencia en el territorio.
Sánchez también recordó uno de los episodios más graves atribuidos a estas estructuras: el ataque contra un helicóptero Black Hawk en el municipio de Amalfi, Antioquia, en el que murieron 13 policías que participaban en una operación conjunta con apoyo de Estados Unidos. Este hecho llevó al Gobierno estadounidense a ofrecer una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permita capturar a los responsables, entre los que figura alias Calarcá.
“Ese ataque marcó un punto de quiebre. Fue una acción criminal que no solo golpeó a nuestra Policía, sino que afectó una cooperación internacional clave en la lucha contra el narcotráfico”, señaló el ministro, quien reiteró que tanto Colombia como Estados Unidos mantienen recompensas activas para dar con los autores materiales e intelectuales del atentado.
Mientras avanzan los operativos en Caquetá, la situación vuelve a poner en el centro del debate nacional los límites y alcances de los procesos de diálogo con grupos armados ilegales, así como la necesidad de garantizar la seguridad de las comunidades en regiones históricamente golpeadas por la violencia.
