El general en retiro Jorge Hernández afirmó que su decisión de cumplir con órdenes judiciales durante un controvertido operativo desencadenó inconformidades dentro del Gobierno. Además, aseguró que desde entonces ha sido objeto de amenazas por parte de grupos armados ilegales.
Meses después de abandonar las filas del Ejército Nacional, el general en retiro Jorge Hernández rompió el silencio sobre las circunstancias que rodearon su salida de la institución. El oficial sostuvo que su retiro estaría relacionado con el operativo desarrollado en Antioquia en el que fue retenido alias ‘Calarcá’, un episodio que generó controversia por involucrar a integrantes de estructuras armadas que se movilizaban en vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Según relató el exoficial, la actuación de las tropas se limitó al cumplimiento de procedimientos legales y judiciales vigentes. Sin embargo, afirmó que posteriormente percibió señales de inconformidad desde distintos sectores del Gobierno, situación que, en su criterio, terminó afectando su permanencia dentro de la institución militar.
El operativo que desató la polémica
Los hechos ocurrieron cuando unidades militares realizaron un control sobre una caravana compuesta por varias camionetas adscritas a esquemas de protección estatal.
Durante la inspección, los uniformados detectaron la presencia de personas que registraban órdenes de captura vigentes emitidas por autoridades judiciales. Ante esa situación, Hernández explicó que se activaron los protocolos correspondientes para coordinar la intervención de los organismos competentes.
De acuerdo con su versión, se estableció comunicación inmediata con la Fiscalía General de la Nación para que funcionarios especializados asumieran el procedimiento.
En la diligencia participaron investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), miembros de la Policía Nacional y representantes de la Fiscalía, quienes adelantaron las actuaciones necesarias para verificar la situación jurídica de los ocupantes de los vehículos.
“El procedimiento se realizó conforme a la ley y bajo las competencias que corresponden a cada institución. Nuestra obligación era verificar quiénes tenían órdenes de captura activas y quiénes contaban con beneficios o suspensiones judiciales”, explicó Hernández.
Presiones y llamadas durante el procedimiento
El general retirado reveló que durante el desarrollo del operativo recibió múltiples comunicaciones relacionadas con el caso.
Según señaló, algunas de esas llamadas buscaban facilitar el tránsito de la caravana, mientras que otras advertían sobre las implicaciones políticas y operativas que podría generar la actuación de las autoridades.
A pesar de ello, aseguró que decidió mantener la actuación dentro de los parámetros legales establecidos.
“Mi responsabilidad era actuar conforme a la Constitución y a las normas vigentes. Nunca consideré una alternativa distinta al cumplimiento de la ley”, afirmó.
Para Hernández, la prioridad era garantizar que cualquier actuación se desarrollara bajo el debido proceso y respetando las decisiones judiciales existentes.
Una salida que atribuye a inconformidades internas
El excomandante aseguró que en ese momento no imaginó que el procedimiento tendría consecuencias para su carrera militar.
Durante años de servicio, explicó, asumió que las actuaciones realizadas dentro del marco legal contarían con respaldo institucional.
Sin embargo, meses después comenzó a experimentar una serie de cambios administrativos que incluyeron varios traslados y modificaciones de cargo.
Finalmente, en mayo pasado fue llamado a calificar servicios, figura mediante la cual concluyó su trayectoria dentro de las Fuerzas Militares.
Según Hernández, antes de concretarse su salida sostuvo una conversación con el comandante general de las Fuerzas Militares, quien le habría manifestado que existía inconformidad desde sectores gubernamentales frente a su gestión.
Aunque asegura que nunca recibió una explicación formal vinculando directamente su retiro con el caso de alias ‘Calarcá’, sostiene que durante la conversación surgieron referencias a lo sucedido en Medellín, ciudad desde donde se manejó gran parte del polémico procedimiento.
“Jamás me dijeron expresamente que esa fuera la razón, pero las referencias realizadas durante la reunión me llevaron a interpretar que existía relación entre ambos hechos”, afirmó.
El temor por su seguridad aumenta
Más allá de las circunstancias de su retiro, el general en retiro manifestó preocupación por su situación de seguridad personal.
Según denunció, desde hace varios meses viene recibiendo amenazas provenientes de organizaciones armadas ilegales que operan en distintas regiones del país.
Entre los grupos que menciona se encuentra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), estructura que, según su relato, comenzó a emitir intimidaciones en su contra poco tiempo después del operativo que desencadenó la controversia.
Las amenazas, explicó, no han cesado y han generado preocupación tanto para él como para su núcleo familiar.
Por esa razón, solicitó a las autoridades reforzar las medidas de protección y garantizar las condiciones necesarias para preservar su integridad.
Persisten los riesgos derivados del conflicto armado
Hernández señaló que las organizaciones criminales continúan manteniendo una importante capacidad operativa y financiera, lo que representa un desafío permanente para la seguridad de quienes han participado en operaciones contra estos grupos.
A su juicio, el país enfrenta todavía amenazas derivadas de economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilícita, la extorsión y otras actividades que financian a las estructuras armadas.
“Estas organizaciones conservan recursos, capacidad logística y presencia territorial. El riesgo sigue existiendo para quienes hemos enfrentado directamente esas amenazas durante nuestra carrera”, advirtió.
Debate sobre el papel de la Fuerza Pública
Las declaraciones del general retirado reabren el debate sobre la autonomía de la Fuerza Pública, la aplicación de órdenes judiciales y las tensiones que pueden surgir en contextos relacionados con procesos de negociación o acercamientos con grupos armados ilegales.
El caso también vuelve a poner sobre la mesa la discusión acerca de las garantías institucionales para los miembros de las Fuerzas Militares cuando actúan en cumplimiento de funciones legales y constitucionales.
Mientras tanto, las afirmaciones de Hernández continúan generando reacciones en distintos sectores políticos y de seguridad, especialmente por las implicaciones que podrían tener sobre la relación entre el Gobierno y las instituciones encargadas de mantener el orden público.
Por ahora, el oficial retirado insiste en que actuó conforme a la ley y asegura que su principal preocupación es la seguridad de su familia y la suya propia, en medio de un contexto donde las amenazas de grupos armados ilegales siguen siendo una realidad para numerosos integrantes y exintegrantes de la Fuerza Pública colombiana.
