En una nueva ofensiva contra las economías ilícitas, el Ejército Nacional ejecutó una operación en el departamento del Putumayo que dejó como resultado la destrucción de maquinaria avaluada en más de 2.000 millones de pesos, utilizada para la explotación ilegal de oro en zonas rurales del municipio de Puerto Guzmán.
La intervención se desarrolló en las veredas Dos Quebradas y Bocanas del Fragua, como parte del plan ‘Ayacucho Plus’, una estrategia con la que las Fuerzas Militares buscan golpear las fuentes de financiación de grupos armados organizados en distintas regiones del país. En este caso, la operación se enfocó en estructuras dedicadas a la minería ilegal a cielo abierto, una actividad que no solo financia redes criminales, sino que también genera un grave impacto ambiental.
Durante el operativo, las tropas lograron ubicar y destruir equipos especializados utilizados en la extracción ilícita de minerales. Entre ellos, un “dragón brasileño” —una maquinaria de alto rendimiento empleada en la explotación de oro en ríos—, además de tres dragas tipo buzo y otros elementos clave para estas actividades.
Según información de inteligencia militar, la maquinaria pertenecería a la Estructura Comandos de Frontera, un grupo armado organizado residual que mantiene presencia en la región y que ha encontrado en la minería ilegal una de sus principales fuentes de ingresos. Las autoridades señalaron que, en muchos casos, estas operaciones son ejecutadas por personas bajo presión o influencia de estas estructuras.
El balance de la operación incluye también la inhabilitación de equipos complementarios como clasificadoras, plantas eléctricas, motobombas, motores industriales y diversos insumos utilizados en el procesamiento del material extraído. Todo este conjunto permitía sostener una operación de gran escala en la zona.
Más allá del valor de la maquinaria destruida, el impacto económico para el grupo ilegal sería aún mayor. De acuerdo con estimaciones oficiales, la actividad minera en este punto generaba cerca de 13.500 kilogramos de oro al mes, lo que representaba ingresos cercanos a los 6.750 millones de pesos. La intervención, por tanto, no solo afecta la infraestructura, sino también la capacidad financiera de la organización.
Las autoridades destacan que este tipo de acciones tienen un doble propósito: debilitar a los grupos armados y proteger el medio ambiente. La minería ilegal es una de las principales causas de contaminación de fuentes hídricas, deforestación y degradación del suelo, especialmente en regiones sensibles como la Amazonía.
El material incautado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales, mientras que el Ejército anunció que continuará desarrollando operaciones en la zona para frenar el avance de estas economías ilegales y recuperar el control territorial.
Este golpe se suma a una serie de intervenciones recientes que buscan cerrar el paso a las estructuras criminales que operan en el sur del país. En un escenario donde la seguridad y la protección ambiental se cruzan, la lucha contra la minería ilegal se consolida como una de las prioridades estratégicas del Estado.
El desafío, sin embargo, sigue siendo integral. Más allá de las operaciones militares, expertos coinciden en que se requieren acciones sostenidas en materia social, económica y ambiental para evitar que estas actividades resurjan. Porque mientras exista rentabilidad en la ilegalidad, el riesgo de reincidencia seguirá presente.
