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Incautan más de una tonelada de explosivos en Putumayo y evitan la fabricación de miles de artefactos

Un operativo de la Ejército Nacional de Colombia permitió la ubicación y destrucción de un depósito ilegal de explosivos en zona rural de Puerto Asís, Putumayo, evitando la posible fabricación de cerca de 8.000 artefactos improvisados.

De acuerdo con información oficial, en el lugar fueron hallados más de 1.600 kilogramos de una sustancia similar al ANFO, utilizada comúnmente en la elaboración de minas antipersonal y otros dispositivos de alto poder destructivo. El material estaba en la vereda Agua Negra 2 y sería atribuido a la estructura ilegal conocida como Segunda Marquetalia.

La operación fue desarrollada de manera conjunta entre unidades militares y de policía, con apoyo de inteligencia, lo que permitió ubicar, asegurar y posteriormente destruir el depósito bajo condiciones controladas. Según las autoridades, la intervención redujo de forma significativa el riesgo para la población civil y la fuerza pública en esta zona del sur del país.

Este resultado se enmarca en el Plan de Campaña Ayacucho Plus, estrategia orientada a debilitar economías ilícitas y estructuras armadas en regiones estratégicas como Putumayo y la Amazonía.

Operativo similar en Tumaco

En un hecho paralelo, la Armada de Colombia reportó la neutralización de otro depósito ilegal en zona rural de Tumaco, Nariño, donde fueron encontrados cerca de 500 kilogramos de explosivos artesanales.

El material, distribuido en varios costales, fue detectado en la vereda La Espriella y posteriormente destruido en el sitio por unidades especializadas, siguiendo protocolos de seguridad.

Las investigaciones preliminares señalan que estos explosivos pertenecerían a un grupo armado residual con presencia en la región y que estaban destinados a la fabricación de artefactos improvisados para ataques.

Impacto en la seguridad regional

Las autoridades destacaron que ambos operativos representan un golpe directo a la capacidad logística de los grupos armados ilegales, al impedir el acceso a insumos clave para la fabricación de explosivos.

Además de neutralizar amenazas inmediatas, las acciones buscan reducir riesgos a futuro y proteger a las comunidades en territorios históricamente afectados por la violencia.

El mensaje de la Fuerza Pública es claro: continuar con operaciones coordinadas para limitar el accionar de estas estructuras y garantizar condiciones de seguridad en las regiones más vulnerables del país.

Editorial

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