Un nuevo movimiento en la estructura de la Fuerza Pública volvió a encender el debate sobre el rumbo institucional del sector defensa. En los últimos tres meses, 49 coroneles y mayores de las Fuerzas Militares fueron llamados a calificar servicios, en una decisión que coincide con un contexto complejo de orden público y con la reconfiguración del alto mando impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro.
La información, revelada por el diario El Tiempo, evidencia la magnitud de un relevo que impacta directamente a oficiales con amplia trayectoria, muchos de ellos con más de dos décadas de experiencia en operaciones. Este ajuste se suma a una transformación más amplia iniciada desde 2022, cuando comenzó la actual administración, periodo en el que cerca de 79 generales y almirantes han salido de la institución.
Los cambios no solo han alcanzado los niveles más altos del mando militar, sino que ahora se extienden a escalones clave en la estructura operativa. Los coroneles, en particular, cumplen funciones estratégicas en la conducción de unidades, la planificación táctica y la articulación con autoridades regionales. Por ello, la salida simultánea de decenas de oficiales ha generado inquietudes sobre posibles efectos en la cadena de mando, especialmente en un momento de presión en distintas regiones del país.
A este panorama se suma una reducción progresiva del pie de fuerza. Entre 2021 y 2025, el número de integrantes de la Fuerza Pública pasó de cerca de 460.000 a poco más de 402.000 efectivos, lo que representa una caída significativa. Más allá de la cifra, fuentes citadas advierten sobre la pérdida de experiencia acumulada en terreno, particularmente de soldados y oficiales que participaron en el conflicto con grupos armados como las antiguas FARC.
El proceso de retiro fue formalizado mediante varias resoluciones administrativas, cuya revisión ha generado cuestionamientos sobre la secuencia de fechas y los procedimientos internos. Según el reporte, se identifican posibles inconsistencias entre las sesiones de las juntas asesoras y la firma de los documentos que avalan las salidas, lo que ha despertado dudas sobre la coherencia del trámite.
Aunque las decisiones se sustentan en criterios legales —principalmente el tiempo de servicio, aplicado a oficiales con más de 22 o 23 años de carrera—, dentro de la institución han surgido interrogantes sobre la forma en que se definieron los nombres incluidos en el proceso. Algunas fuentes citadas señalan preocupaciones por la posible falta de criterios homogéneos en la selección.
Uno de los puntos más sensibles gira en torno al supuesto papel de la Dirección Nacional de Inteligencia en dinámicas internas relacionadas con ascensos y retiros. Aunque oficialmente este organismo no tiene competencia directa en decisiones de carrera militar, versiones recogidas por el medio apuntan a una influencia creciente, una afirmación que no ha sido confirmada por las autoridades.
El malestar también se ha visto alimentado por el momento en que se producen los retiros. Algunos de los oficiales afectados se encontraban próximos a iniciar procesos de evaluación para ascenso, lo que ha generado inconformidad en sectores internos. Analistas advierten que este tipo de decisiones puede tener efectos en la moral institucional y en la estabilidad de la estructura militar.
Desde la academia, expertos en seguridad han señalado que la salida simultánea de un número elevado de oficiales en un contexto de desafíos en orden público puede generar incertidumbre. Además, el escenario político y electoral añade un componente adicional de presión sobre las decisiones en el sector defensa.
Frente a las críticas, el Ejército Nacional de Colombia ha reiterado que los procedimientos se ajustan al marco normativo vigente y que cada caso cuenta con un expediente evaluado por las instancias correspondientes. La institución también explicó que las juntas asesoras no operan bajo una única fecha fija, sino que responden a la agenda de los mandos y del Ministerio de Defensa.
Por su parte, el Ministerio no confirmó las versiones sobre una eventual participación de organismos externos en decisiones internas de carrera. Sin embargo, el debate sigue abierto, especialmente por el impacto que estos movimientos pueden tener en la operatividad y cohesión de la Fuerza Pública.
En un contexto donde la seguridad sigue siendo uno de los principales desafíos del país, la reconfiguración del mando militar plantea una tensión entre la renovación institucional y la necesidad de preservar la experiencia acumulada. El alcance de estos cambios y sus efectos en el terreno serán determinantes para evaluar su impacto en el mediano plazo.
